Balance de APES 2006-2008

Corresponde a la comisión directiva presentar la memoria, balance general, inventario y el estado de resultados de la Asociación de Periodistas de Salta (APES).

Un repaso por la corta historia de APES deja en claro que nos hemos tomado muy en serio lo de que se trata de una entidad civil sin fines de lucro. Nos hemos ocupado de lo institucional, de los objetivos de APES, sobre todo en lo referido a fortalecer la libertad de expresión. En lo administrativo y económico, tenemos que reconocer que no hemos hecho los deberes como corresponde.

Esta es la primera asamblea ordinaria de APES, desde que se fundó, el 25 de mayo de 2006. Como tal, la entidad fue presentada en público el 13 de junio de ese mismo año.

APES fue fundada por un grupo de periodistas de Salta que se propusieron defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar y ser informado, y realizar actividades para mejorar la formación profesional. En ese marco, se propuso también denunciar aquellas condiciones de trabajo que inciden de manera negativa en el ejercicio profesional.

El puntapié inicial lo dieron Gregorio Caro Figueroa, el primer presidente de esta entidad; Marta César, Daniel Pantoja, Lucía Solís, Patricio Poma, Sergio Poma, Chacho Azurmendi, Néstor Gauna, José Acho, Jorge Oliver, Andrés Gauffín, Miguel Brizuela y Héctor Vanolli.

La personería jurídica, el reconocimiento oficial de APES como tal, se consiguió recién en noviembre de 2007, el mismo mes en que su primer presidente tuvo que renunciar, por haber sido convocado a la función pública. Entonces debió modificarse la comisión directiva y quedó tal cual llegó a esta asamblea.

La memoria de lo realizado hasta aquí, y un balance en este aspecto, se comprenden mejor si se recuerdan los objetivos de APES, previstos en el artículo segundo de su estatuto:

a) Contribuir al debate sobre los estándares profesionales.

Realizar investigaciones, estudios, debates y publicaciones. (…)

b) Organizar y/o patrocinar toda clase de actividades culturales, sociales y educativas -entre ellas, de capacitación y perfeccionamiento docente. (…)

c) Mantener vínculos con científicos, técnicos y artistas de Salta y su región, residentes en otros puntos del país y del extranjero alentando la comunicación de sus respectivos trabajos y la cooperación mutua con sus pares locales.

d) Bregar por la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar en el ejercicio de la profesión de periodista en la provincia y en todo el territorio de la República.

e) Promover la capacitación para el enaltecimiento de la profesión de periodista en  la provincia.

f) Trabajar con firmeza en la defensa y protección de la libertad de la información y del trabajo de los periodistas de la provincia.

g) Generar recursos propios mediante actividades permanentes o eventuales relacionadas con las funciones de “la Asociación” y recibir y administrar subsidios destinados a cumplir los objetivos anteriores.

h) Sostener en las actuaciones de “la Asociación” criterios de convivencia democrática y pluralista, de defensa de las libertades ciudadanas y respeto a las instituciones (…).

i) Establecer relaciones con entidades afines y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la provincia de Salta y su región, de otros puntos del país y del extranjero con vistas al cumplimiento de sus objetivos.

j) Realizar cualquier otra actividad y/o acciones inherentes a la defensa y/o protección de los intereses de los periodistas de la provincia.

Algunos de estos objetivos (sobre todo los previstos en los incisos a, b, d, f, h, i, j)  se vienen cumpliendo, otros han quedado pospuestos por el momento.

En cumplimiento de estos fines de contribuir al debate sobre los estándares profesionales, bregar por la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar y ser informado, sostener criterios de convivencia democrática y pluralista en defensa de las libertades ciudadanas y el respeto a las instituciones, APES realizó numerosos pronunciamientos públicos, mantuvo reuniones con funcionarios provinciales, legisladores y miembros del Poder Judicial y organizó, auspició y participó de actividades de capacitación. También habilitó un sitio en internet, http://apesalta.wordpress.com/, en el que se concentra información sobre la entidad y sus actividades y se está reuniendo material de interés para los periodistas.

Desde que se constituyó, APES realizó más de treinta pronunciamientos, por amenazas, agresiones y presiones a periodistas de la provincia; inició una acción judicial y participó, como organizador, auspiciante o en calidad de expositora, de más de 15 actividades.

Además, en muchos casos de agresión a la libertad de expresión, realizó gestiones de comunicaciones directas con los involucrados para manifestar su preocupación por esos hechos. Esas gestiones se llevaron a cabo en otros casos que por sus características no ameritaron un pronunciamiento público de la entidad.

Precariedad laboral y Persecusión judicial

En su lanzamiento, en junio de 2006, APES denunció  la precariedad laboral que se constituye en una limitación para el cumplimiento de la tarea periodística de buscar la verdad y darla a conocer, así como el avance del poder público en procura de coartar la independencia de periodistas y medios de comunicación.

En 2007 los pronunciamientos debieron referirse a la persecución judicial contra algunos colegas. El caso paradigmático fue el de Sergio Poma, pero hubo otros hostigamientos que ameritaron la denuncia pública.

En agosto de 2007 el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, intentó hacer encausar al periodista Fabián Cardozo porque no contaba con un título habilitante para ejercer la profesión. APES destacó que el ejercicio del periodismo no está reglamentado en el país y que acciones como ésta “lesionan el pleno ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información y del trabajo profesional”.

En septiembre de ese mismo año la Asociación acompañó a Sergio Poma en el juicio que le siguió el entonces gobernador Juan Carlos Romero, quien pretendía que se lo inhabilitara para ejercer el periodismo, además de exigir una condena de prisión efectiva y el pago de una indemnización en compensación por expresiones volcadas por el periodista en FM Noticias.

APES denunció la persecución judicial, y la penalización de la opinión, de la que fue objeto su socio y fundador y, en colaboración con otras organizaciones de periodistas, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), lo dio a conocer a foros y organizaciones internacionales.

Ese mismo mes y año la Asociación repudió la condena a otro socio y fundador, José Acho, en el marco de una querella por calumnias seguida por el cantor Chaqueño Palavecino. APES sostuvo que la sucesión de condenas a periodistas “convirtió a Salta en una zona de riesgo para el ejercicio del periodismo independiente”.

La Asociación expresó asimismo su preocupación por una denuncia por coacción que presentó el entonces juez federal Abel Cornejo contra el periodista Marco Díaz Muñoz. La acusación fue desestimada.

Agresiones, amenazas y hostigamientos

Antes de que asumiera y luego, esta Asociación ha intentado entrevistarse con el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Se le quería plantear, como se dejó establecido en un documento, el agravamiento de las restricciones a la libertad de opinión y de expresión, la presión y los actos de intimidación a medios y periodistas, la existencia de “listas negras”, la utilización de fondos del gobierno para premiar a medios oficialistas, las restricciones para acceder a la información pública y la discriminación en el manejo de la publicidad oficial. Igual que su antecesor, el nuevo gobernador no respondió a los pedidos de audiencia.

Desde su constitución, APES tuvo que ocuparse de casos de agresiones, amenazas y hostigamientos a periodistas de la provincia. Uno de los primeros casos de los que se ocupó fue el de las amenazas a varios de sus socios en el marco de la investigación del homicidio de la campesina Liliana Ledesma.

En marzo de 2007 la Asociación condenó también las amenazas a la periodista Romina Chávez Díaz.

En abril de 2008 la Asociación expresó su preocupación por lo que consideró un recrudecimiento de acciones atentatorias contra el libre ejercicio de la prensa y la libertad de expresión, entre ellas, el allanamiento a las instalaciones de radio Santa Clara de Asís, en Hipólito Yrigoyen, y las expresiones del entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos, quien había invitado a “terminar con este periodismo”; según intentó explicar luego, se refería a cierto periodismo que “está en la ridiculez”. APES hizo un llamado a la tolerancia y al respeto por la pluralidad de ideas, base del sistema democrático.

En abril de 2008 también, una amenaza de muerte proferida contra el periodista Samuel Huerga, de Orán, motivó que esta Asociación hiciera un llamado de atención a los actores públicos y a la sociedad toda sobre una preocupante escalada de violencia contra algunos medios de comunicación y trabajadores de estos medios.

En mayo de 2008 APES se pronunció ante la agresión sufrida por Samuel Huerga por parte de integrantes de la Guardia de Infantería de la Policía de la provincia. APES lamentó especialmente que hechos de esta naturaleza provengan de organismos del Estado, y que quienes están en funciones de poder no tomen nota de la gravedad de estos sucesos.

En noviembre de 2008 la Asociación repudió el ataque perpetrado contra las instalaciones de radio Uno, de Joaquín V. González, que fueron incendiadas, en un hecho que su propietario, el periodista Daniel Barboza, vinculó con críticas emitidas en su programa.

En marzo de 2009 APES manifestó su preocupación por la sucesión de agresiones verbales y físicas contra periodistas en el norte provincial. Dos hechos habían ocurrido en Tartagal: el locutor Reynaldo González fue golpeado por un empresario y la directora del portal de noticias Norte del Bermejo, Martha Juárez, recibió un maltrato verbal de parte del intendente de esa ciudad. A fines de febrero el intendente de Orán había acusado al periodista Samuel Huerga de incitar a vecinas para que lo agredieran.

Despenalización

de delitos de opinión,

no a la colegiatura

En marzo de 2009 APES expresó su adhesión al proyecto de ley de despenalización de los delitos de opinión que fuera presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El proyecto prevé la despenalización de las figuras de calumnias e injurias respecto de expresiones referidas a temas de interés público.

En abril la Asociación realizó una serie de actividades, pronunciamientos públicos, gestiones de interés y reuniones con otras organizaciones y legisladores, en oposición al proyecto de ley que proponía la colegiación de los periodistas. La iniciativa fue finalmente retirada por su autora, la diputada y periodista Mónica Petrocelli.

Acción judicial

En junio de 2007, APES realizó una presentación ante la Procuración General de la provincia por el atropello policial que sufrió el periodista Natalio Albarracín en Rosario de la Frontera. Para esto contó con el asesoramiento del abogado Pedro García Castiella.

Se solicitó a la Procuración que se resguardaran las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa y que se promoviera acción penal en contra de los responsables del allanamiento policial, sin orden judicial, en el semanario “La Nueva Reseña”, que se edita en Rosario de la Frontera.

La Procuración nunca convocó a esta entidad a ratificar la denuncia. En este momento no se conoce el destino que se le dio a esta presentación, información que fue requerida –hasta ahora sin éxito- por esta comisión directiva.

Actividades

En febrero de 2008 APES coorganizó, junto a la Universidad Nacional de Salta, un homenaje al periodista Luciano Jaime, asesinado en febrero de 1975.

En julio de ese mismo año coorganizó, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una charla debate sobre “Censura indirecta y libertad de expresión: el caso de la publicidad oficial”.

Además, se concretaron reuniones con legisladores provinciales y el vicegobernador Andres Zottos, para interesarlos en la necesidad de que se dicten leyes que establezcan criterios claros y objetivos para el otorgamiento de la publicidad oficial.

Este fue el comienzo de una cooperación entre ambas entidades que continúa en la actualidad y que está encaminada al objetivo común de lograr la aprobación de legislación que mejore la calidad institucional en la provincia en lo referido a los medios de comunicación.

En noviembre de 2008 la presidenta de APES fue invitada a participar en Buenos Aires de una actividad con la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero Marino.

Con el asesoramiento de la ADC, APES está inmersa hoy en día en una iniciativa tendiente a lograr el tratamiento de dos leyes: de acceso a la información pública y de regulación de la pauta publicitaria oficial.

Esta campaña incluye no solo las gestiones ante legisladores y funcionarios, sino también la elaboración de ambos proyectos de ley que esta entidad presentará a través de legisladores que se han comprometido a acompañar estas acciones.

En diciembre de 2008 la Asociación coorganizó, junto a amigos, un homenaje al periodista Sergio Poma.

En noviembre de 2008 APES auspició el curso “Información judicial, periodismo y sociedad”, organizada por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.

En otro orden, APES viene participando, desde mayo de 2008, de distintas actividades de discusión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. En abril de 2009 participó del Quinto Foro Participativo de Consulta organizado por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación.

La Asociación participó además, en junio de 2008, de una jornada organizada por la Universidad Nacional de Salta durante la cual se rindió homenaje al periodista Luciano Jaime y se debatió sobre el tema “Por una comunicación para todos”.

Ese mismo mes y año participó del III Encuentro Nacional de PAR (Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista).

También participó en actividades en Metán y Tartagal, y en otras realizadas en esta ciudad. Hasta aquí la memoria

Sobre lo económico es muy breve lo que hay que decir, y debemos reconocer que prima la informalidad: no ha habido mayores ingresos en APES, salvo los provenientes de algunas cuotas que se cobraron a un reducido grupo de asociados, y solo durante el primer año de funcionamiento de la entidad. Esos fondos fueron utilizados para los trámites realizados hasta ahora.

En mayo de 2008 APES recibió mil pesos ($1.000.-) de la Asociación por los Derechos Civiles. La mayor parte, setecientos cincuenta pesos ($750.-) fueron utilizados para afrontar los gastos de organización de la actividad realizada en esa oportunidad. Los trescientos cincuenta pesos restantes ($350.-) fueron gastados en una comida de camaradería realizada a fin de ese año en San Luis.

Como hasta ahora no hemos puesto en práctica llevar una contabilidad de nuestros ingresos y egresos, no podemos decir que APES haya dado pérdida. Los ingresos fueron prácticamente nulos, como se verá, y los egresos fueron cubiertos por los socios que debieron afrontar determinadas tareas.

No tenemos un inventario, porque no tenemos nada para inventariar.

Y sobre el balance general y el estado de resultados nada podemos decir, porque no hay activo ni pasivo para confrontar.

Comisión Directiva

Elena Corvalán,  Presidenta

Andrés Gauffín,  Secretario.

Néstor Gauna, Tesorero